Managua, Nicaragua. 22 de septiembre de 2020. Ante la aberrante Iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, introducida por Diputados de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por más de 100 ONG, llamamos a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional a exigir sea archivada por ser inconsulta, con politizada fundamentación, y por sobre todo, por pretender ser una arma más de un Estado policial contra la sociedad civil.
Esta Iniciativa de Ley no solo pretende violar nuestros Derechos Constitucionales como el derecho a la privacidad de nuestros datos, nuestro derecho al trabajo y la libertad de asociación, sino que el Gobierno de Nicaragua ahora prosigue con su afán de partir a Nicaragua, entre quienes simpatizan o no con el gobierno de turno, dando a estos últimos la obligación de declarar sus movimientos de fondos, actividades y vínculos laborales.
El Estado de Nicaragua nos avasalla al vernos como ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses bajo sospechas de trabajar como “agentes extranjeros” con el supuesto fin de “poner en riesgo la seguridad” de nuestro país.
La iniciativa de ley no está respaldada por ningún estudio o análisis de riesgo, pero sí insiste en que cualquier persona que reciba dinero del exterior, sea persona natural o jurídica, debe registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) y someterse al seguimiento financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto reafirma el Estado policial que desea seguir consolidando el Régimen Ortega-Murillo.
Ya no solo estamos en un estado de total indefensión, sino bajo la constante posibilidad de ser acusados sin fundamento, exigiendo mediante esta iniciativa de ley, que la sociedad civil se autoincrimine como activistas sociales y defensores/as de derechos humanos.
Un Estado que durante 13 años nos ha negado a las y los nicaragüenses información pública, quiere hoy por “decretazo” exigir a personas jurídicas y naturales declarar los movimientos de fondos monetarios, bienes materiales y vínculos laborales, y hasta hacerlos de conocimiento público. Esto último es una violación gravísima a los derechos humanos, y sobre todo, en un contexto de cada vez mayor polarización, someterá a la violencia política a cientos de activistas de derechos humanos en Nicaragua.
Claramente queremos decir al pueblo de Nicaragua que desde las organizaciones de sociedad civil se trabaja desde valores, desde la no violencia, desde la cultura de paz, y para el desarrollo humano, principalmente de juventudes, mujeres, niñez y adolescencia, y otros grupos vulnerables.
Esta iniciativa de ley limita la participación política de los movimientos, organizaciones, asociaciones, e incluso iglesias que, por distintos motivos y con diferentes objetivos, reciban algún apoyo financiero externo para la ejecución de proyectos de desarrollo en las comunidades, lo cual contraviene el Considerando V de esta misma Iniciativa de Ley que indica: «Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos». Por todo lo expuesto demandamos no se dé trámite a esta Iniciativa de Ley, ya que solo abona a la falta de institucionalidad que vive Nicaragua.
