Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una prórroga, hasta el 30 de abril de 2019, a la vigencia de cédulas vencidas . Antes de emitir esta prórroga se había anunciado que ya no se aceptaría cédulas vencidas en cualquier gestión que la ciudadanía realizará. Y se observó a través de los medios de comunicación que las delegaciones municipales de cedulación estaban abarrotadas por quienes a último momento solicitaban la renovación de sus cédulas.
Quienes residen en comunidades rurales se enfrentan, según datos de la Promotoría Cedulizate Nicaragua, promovida por Red Local, a asumir costos asociados a la gestión de renovación de cédulas de identidad que rondan los C$1500,00. A esto se le suma las malas condiciones brindadas a la población cuando está realizando el trámite: hacer largas filas, esperar bajo el sol o lluvia, delegaciones municipales de cedulación que abren tarde y cierran temprano, la atención preferencial para algunos, entre otras, hacen que este proceso sea agotador y molesto.
Dionisio Palacios, exdirector general de cedulación del Consejo Supremo Electoral, en entrevista difundida por el programa radial Onda Local, explicó lo esencial de separar las funciones del director departamental de cedulación al del presidente electoral. El objetivo es que el funcionario público brinde un servicio neutral a la ciudadanía, sin distinción de color político y que sus funciones sean permanentes, y no vaya en dependencia si estamos en período de proceso electoral o no. Lo ideal sería que las oficinas del CSE se acercarán a la población para disminuir costos de gestiones administrativas por parte del ciudadano y cumplir con el derecho que tenemos a una identificación.
Cabe mencionar que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) realizó una revisión sobre los posibles ingresos del Consejo Supremo Electoral (CSE) en concepto de reposición y renovación de cédulas, entre 2011-2016, y estiman que se percibió un total de C$562,53 millones.
“Un ejemplo está en el aumento significativo que se dio al presupuesto de los cargos directivos (que suponemos son salarios y prestaciones), pasando de C$13,3 millones, para 45 cargos en 2017, a C$29,9 millones para 46 cargos en 2018; es decir, un aumento del 124,8%“, indicó Leonardo Labarca, especialista de Ieepp.
Dicha ONG apela a este poder del Estado a brindar una reducción en el precio de las cédulas, dado que es una carga económica para los nicaragüenses y hay un margen económico que permite brindar este servicio de manera gratuita.
